El estado de emergencia declarado a nivel nacional a partir de la COVID-19, generó políticas de salud pública que buscaban proteger a los ciudadanos ante la contingencia sanitaria. Entre las leyes se encontraba, la cobertura de Medicaid continua, que les garantizaba a aquellos beneficiarios de Medicaid, una cobertura sin interrupción, sin redeterminación anual en base a cambios en el núcleo familiar o en los ingresos.
